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Una iniciativa Legislativa que, con medidas sancionatorias, pretende mejorar la calidad en Salud

El pasado 04 de abril de 2017 fue radicado por los Congresistas Rodrigo Lara Restrepo y David Barguil, el Proyecto de Ley 247 de 2017 “por medio de la cual se crean medidas para mejorar la calidad del servicio de atención en salud”, que tiene como “objetivo” establecer un conjunto de sanciones administrativas para las prácticas violatorias del derecho fundamental a la salud que condicione los resultados económicos y financieros
de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud a la calidad de los servicios prestados por éstas.
Dentro de las conductas sancionables se encuentra el desempeño deficiente de las EAPB e IPS en aspectos de: oportunidad y acceso a los servicios de salud, satisfacción y lealtad del usuario y facilidad en la afiliación.
El desempeño deficiente sería medido través de unos indicadores que se relacionan con aspectos tales como: tiempos de espera para la asignación de citas en diferentes especialidades y proporción de satisfacción global de los usuarios, lo cual incluye si éstos recomendarían o no la entidad a sus familiares y amigos, y si han pensado en cambiarse o no de EAPB.
Otros indicadores están relacionados con proporción de quejas y tutelas por no prestación de servicios de salud incluidos en el Plan de Beneficios (no más de 15 por cada 10.000 afiliados en cada año) o por falta de atención oportuna y negación de prestación de servicios médicos de población sujeta a especial protección (no más de 10 por cada 10.000 afiliados en cada año).
También se miden cantidad de quejas y tutelas por negarse a afiliar personas a pesar de que éstas cumplan con el tiempo y requisitos para trasladarse en donde se debe garantizar que no sea superior a cinco por cada 10.000 afiliados en cada año.
Las entidades que no cumplan con los mínimos de los indicadores se verán obligados a pagar multas de acuerdo con lo establecido en los artículos 131 a 134 de la Ley 1438 de 2011 y los artículos 5,6 y 7 de la Ley 1751 de 2015.
Propone el texto que previa a la imposición de sanciones la Superintendencia Nacional de Salud podrá realizar una visita de inspección, vigilancia y control para establecer y evaluar un plan de mejoramiento en la calidad del servicio de salud, pudiendo establecer responsabilidad compartida entre EPS e IPS.
Los recursos económicos que resulten de estas sanciones serán depositados en llamado Fondo de Recursos de la Calidad en Salud (FOCAS), el cual funcionaria como una cuenta adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, y serían destinados a recompensar, a través de un sistema de pago por desempeño, a las EAPB que presenten resultados favorables en todos los indicadores, para que a su vez sean invertidos en el mejoramiento de la calidad del servicio de atención en salud y procesos de acreditación.
Aunque el proyecto va para primer debate en la Cámara de Representantes, desde ya se plantean algunas dudas en diferentes puntos del articulado, entre esos, la efectividad en la metodología que se utilice para la medición de aspectos subjetivos como lo es la intención de cambiarse o recomendar o no la EAPB, lo cual puede obedecer a múltiples motivos que no siempre están relacionados con la satisfacción del afiliado.
Y también podría ser cuestionable la exactitud de los indicadores en materia de oportunidad, considerando la ausencia de múltiples especialidades en diferentes regiones del país.
El gremio y el país seguirán atentos al rumbo y acogida que este proyecto llegue a tener dentro del Congreso de la República.