OPINION
    • COLUMNA OPINIÓN. No más leyes de salud ¡por favor! 
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NO MÁS LEYES DE SALUD ¡POR FAVOR!
Quizá haya llegado la hora de declarar una moratoria a las reformas estructurales del sistema de salud en el nivel legislativo

Junio 1 de 2019 - No hemos reconocido con suficiente entusiasmo el hecho de que el Plan de Desarrollo recientemente expedido constituya, sin exagerar, una reforma de profundo calado al sistema de salud colombiano.

Entreveradas entre los más de 330 artículos de esta nueva ley, hay unas cuantas normas que, en conjunto, abordan de manera directa problemas estructurales. El Congreso, al aprobar la ley, y el gobierno al proponerla, parecen haber decidido coger “el toro por los cuernos”, frente a varios de los más intratables problemas de la salud en Colombia.

Un repaso rápido revela, por ejemplo, que esta nueva ley atendió el clamor unánime para que el manejo de los recursos por fuera del plan obligatorio de beneficios en el régimen subsidiado pasara de las regiones al gobierno central, ante la demostrada incapacidad de los departamentos para hacerlo. 

Definió un procedimiento expedito para conciliar y pagar las deudas represadas del Gobierno para con los actores del sistema; introdujo una reforma radical a la operación del llamado No-POS, acabando de un tajo con el engorroso e ilógico sistema de los recobros; dotó a la Superintendencia de Salud de nuevas facultades para impedir la llegada de dineros sospechosos a la salud; estableció un mecanismo financiero para premiar la calidad en los servicios de salud, poniendo fin al modelo que reembolsaba por igual a quienes producían buenos resultados en salud, y a los que no; y, finalmente, fortaleció el principio de solidaridad al crear un sistema de contribuciones parciales para aquellos usuarios del régimen subsidiado que en algo pueden contribuir al sostenimiento del sistema.

No todas las fórmulas utilizadas en este paquete de disposiciones son necesariamente acertadas. Por ejemplo, quienes hemos defendido las comprobadas bondades del modelo de aseguramiento como eje articulador del sistema de salud, vemos con algo de preocupación que algunas de las normas incluidas en este nuevo plan de desarrollo podrían desdibujarlo, al fortalecer el pago directo desde el estado a los prestadores, limitando la capacidad de las EPS para hacer una gestión del riesgo en salud de sus afiliados de forma sistemática y rigurosa.

Más allá de estas observaciones puntuales, lo cierto es que el sistema ahora cuenta con instrumentos poderosos, que corrigen varias de sus fallas estructurales y permiten a los actores del sistema operar bajos reglas más claras y sólidas.

Quizá haya llegado, entonces, la hora de declarar una moratoria a las reformas estructurales del sistema de salud, en el nivel legislativo. Ningún sector de la economía puede estabilizarse, prosperar y crecer si cada año está sometido a la amenaza de una reforma estructural, que crea incertidumbre sobre sus cimientos básicos, y pone a sus participantes a preguntarse si su misma existencia y modelo de negocios será válido en el futuro próximo.

Actualmente, como sucede en todas las legislaturas, rondan en distintas etapas de avance, proyectos de ley sobre el sistema de salud que tiran por la borda 25 años de aprendizaje social e institucional, y que proponen saltos al vacío con base en argumentos ideológicos y no fácticos.

El desgaste, la angustia por el riesgo de que finalmente se vuelvan ley, paraliza los nuevos proyectos, espanta la inversión, ahuyenta el talento en el sector, e impide la planeación de largo plazo, en todos los niveles, desde el regulador estatal hasta el más sencillo de los consultorios médicos.

Sancionado y expedido ya el Plan de Desarrollo Duque, se podría más bien poner fin al agitado ciclo de más de una década de reformas de fondo a la Ley 100 de 1993, que comenzó con la Ley 1122 de 2007, siguió con la ley 1438 de 2011, se profundizó con la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y culminó con el anterior plan de desarrollo, para no mencionar otras leyes puntuales (como la tributaria del 2012 que desdibujó el carácter parafiscal de los recursos de la salud).

Cada cuenta de este rosario legislativo introdujo modificaciones a las columnas básicas de ese complejo edificio que es nuestro sistema de salud.  

Sólo por comparar, la última gran reforma desde la ley al sistema financiero se hizo en el 2009. Durante esta década, el gobierno, a través de reglamentaciones puntuales, ha dado impulso al sector, y algunas leyes se han ocupado de aspectos muy específicos. Pero la gran estabilidad normativa respecto de los lineamientos básicos del sistema ha permitido que el financiero sea hoy en día un sector sólido, que sabe gestionar adecuadamente sus riesgos, y que todo el tiempo innova en tecnología y compite vigorosamente para prestar un mejor servicio a sus usuarios.

Si todos los actores del sistema de salud aceptan a partir de ahora la arquitectura básica del sistema, y se ponen a trabajar en mejorar su funcionamiento -en lugar de desgastarse en buscar una vez más la norma perfecta, en perjuicio de la norma buena y estable-, con seguridad en unos años tendremos un sistema de salud aún mejor.

De hecho, algunos de los proyectos que por ahí se discuten son bien pensados y sensatos. Pero el punto no es ese: el problema es que el sólo hecho de mantener al sistema de salud en un estado de revisión permanente de su estructura básica, de incertidumbre y de agitación, impide la planeación de largo plazo, y los principales perjudicados son los pacientes.

El proyecto de ley que todos tenemos debajo del brazo para llegar al mundo perfecto debería archivarse, bajo el convencimiento de que la búsqueda de esa perfección hipotética y futura hace más daños que los eventuales beneficios que de su aprobación se puedan derivar.

Esto no quiere decir que el Congreso deba cruzarse de brazos. Con seguridad, un control político serio y permanente será de gran importancia para el mejoramiento del sistema. Y, sin duda, algunas iniciativas, como por ejemplo la creación de una jurisdicción especial de salud, que ha propuesto con tino una acuciosa representante vallecaucana, podría ser una muy buena idea.

Pero ésta y otras ideas buenas no se refieren a la estructura básica del sistema de salud, sino más bien a aspectos adyacentes del mismo, y por lo tanto, no ponen en ascuas a todo el mundo, que es precisamente lo que sucede con las reformas radicales al modelo esencial. Demoler este edificio social, construido durante cerca de 3 décadas con enorme esfuerzo colectivo y con resultados en salud evidentes, como lo demuestran los extraordinarios avances en expectativa de vida, no tiene sentido.  

El gobierno Duque le cumplió al país con una reforma de fondo al sistema de salud. Las discrepancias que podamos tener sobre su contenido deberían cederle el paso a un compromiso en favor de una gran pausa legislativa, en los próximos años, y un trabajo focalizado en mejorar el funcionamiento del sistema.


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